21 de julio.- Guanajuato es el sexto estado más poblado del país, con 5’900,000 habitantes y es además muy densamente poblado. Esto naturalmente le otorga cierta complejidad para la atención suficiente y adecuada de las necesidades de la población, porque es indispensable garantizar salud, educación, seguridad, ingreso y en general una vida digna para todos.
Sin embargo, las cosas no marchan bien por aquí. Las noticias sobre el acontecer guanajuatense nos muestran una realidad sombría para nuestro estado. Los diarios parecen más de nota roja; además los gobiernos municipales y estatal dan mucho qué decir, pero no por su buena gestión, sino por asuntos de corrupción, nepotismo, abusos e indolencia.
Para muestra un botón. En un recorrido noticioso de la última semana en el estado, destacan algunos asuntos fundamentales. En primer lugar, la pavorosa inseguridad que se muestra incontenible en todos los rincones de Guanajuato. Decenas de asesinatos ocurren en solo una semana: se encuentran varios cuerpos juntos, algunos desmembrados, otros solos. De todo.
Por ejemplo, en solo 24 hrs. -entre el martes y miércoles pasados- hubo 15 asesinatos en diferentes partes del estado. De acuerdo con los registros oficiales, en promedio hay más de un homicidio doloso diariamente. En León se concentra el mayor número; esta semana, un menor de edad fue asesinado por un policía.
Además de los asesinatos, esta semana se publicó que se han duplicado las muertes en accidentes laborales en nuestra entidad. En el primer semestre del año, se han reportado 23; sin embargo, se asume que hay un subregistro, porque las empresas son multadas cuando se reportan los accidentes al IMSS. Por eso envían a sus trabajadores a hospitales privados.
En las noticias de esta semana, se publica que el Observatorio Ciudadano de León reporta que la percepción de inseguridad crece entre la población. Más del 70% de los leoneses ha sabido de robos cercanos a su casa. Los registros oficiales, también muestran un repunte el asaltos y robos a casa habitación.
La corrupción ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. El caso de la Secretaría de Turismo, a cargo de Fernando Olivera Rocha, ha sido denunciado por la asignación de entre el 70 y el 100% de los recursos federales para infraestructura, a una asociación presidida por él mismo. La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades que tienen implicaciones penales.
Al respecto, los mecanismos anticorrupción del estado, han sido lentos e incluso omisos en la investigación. El titular de la secretaría ha evitado a los medios y ha “dado explicaciones” a puerta cerrada ante hoteleros. El gobernador se ha pronunciado poco al respecto, a pesar de la denuncia federal de malos manejos de recursos.
En la misma línea de la corrupción, el gobernador hace uso del helicóptero de la Secretaría de Seguridad, para llegar a una charreada, que nada tiene que ver con su función. Argumenta problemas de agenda, igual que hizo su favorito Diego Sinhue hace poco en un caso igual. Lo cierto es que la operación de la aeronave es cara y se hace con recursos públicos.
Otro asunto terrible que ha salido a la luz en días recientes, es el caso de La Ciudad de los Niños en Salamanca. Se trata de una casa hogar a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, que en los años recientes ha recibido recursos públicos y privados por más de 30 millones de pesos. Se denuncian abusos físicos, sexuales y emocionales contra los niños y adolescentes de la institución.
Es importante señalar que las autoridades han sido omisas en la regulación de este albergue, pese a que un juicio de amparo promovido en beneficio de una niña, le encomendó al DIF estatal hacerlo. Además, se ha evidenciado que ha habido irregularidades en el registro civil de más de 100 menores que aparecen como hijos del sacerdote imputado y de una religiosa.
Los escándalos de nepotismo continúan ocurriendo. No sólo los familiares de Diego Sinhue Rodríguez -precandidato a la gobernatura- sino también de otros funcionarios públicos. El DIF municipal de León, a cargo de la hermana del funcionario, parece ser la dependencia que actúa como agencia de colocaciones de familiares, que además no tienen el perfil profesional requerido.
Los casos conocidos hasta ahora son María de los Ángeles Campos Lango, hermana del director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango; Cristina Gabriela de la Parra Hernández, hija del director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard; Andrea López Gutiérrez, hija del Secretario del Ayuntamiento de León, Felipe de Jesús López Gómez.
En relación con esto, Daniel Campos Lango -importante operador político del PAN en León- admitió que aunque su hermana no tiene el perfil para el puesto que ocupa -porque tiene estudios en Comercio Internacional, aparentemente no concluidos- “es un mérito que al final del día decide el PAN”. Esto es, cuando menos, una respuesta cínica ante el nepotismo.
Entre las notas nacionales de esta semana, también se exhibe el nepotismo que existe en el Poder Judicial de la Federación. En este caso, Guanajuato lidera la lista: de 46 jueces y magistrados, 38 tienen familiares dentro, entre los que se encuentran la pareja de 10 de ellos, los hijos en 7 casos, los hermanos en 6 y en uno el papá. La impunidad es la regla, porque está prohibido en la ley.
En esta semana también ha tenido relevancia la destitución del director del Teatro del Bicentenario, a cargo del Consejo Ciudadano del Forum Cultural. A pesar de la excelente gestión de Alonso Escalante al frente del recinto, que ha ganado notoriedad y reconocimiento nacional e internacional, fue despedido.
La argumentación y la reacción del Consejo “ciudadano” a modo y del Gobierno del Estado, ha resultado cuando menos pueril. Ante la indignación de la ciudadanía e incluso de los regidores leoneses, la respuesta de los “patrones” fue que lo corrían porque “tiene una soberbia desmedida”. Inicialmente, Escalante permanecería en el cargo hasta septiembre.
A partir del rechazo generalizado del despido y las manifestaciones ciudadanas en redes y presencialmente, se anunció el cese inmediato del director. Lo hicieron a través de un notario público y con personal del Forum Cultural tomando las instalaciones, como previniendo un motín del personal del teatro.
En medio de una gran crisis de inseguridad en León, el alcalde Héctor López Santillana se va de vacaciones sin avisar al ayuntamiento. Es su segundo período vacacional del año. Si bien es cierto que su presencia en la ciudad no resuelve mucho, llama la atención la indolencia y el desprecio por el cumplimiento de la ley. Se muestra como autónomo y autodeterminado.
Estos son solo algunos asuntos de los ocurridos en la última semana. Como es evidente, las buenas noticias no abundan por Guanajuato. Además, hay problemas comunes en todos ellos: se denota inacción, corrupción, negligencia y cerrazón de los gobiernos estatal y municipales. Los ciudadanos no tenemos oportunidades de ser escuchados; no hay quien nos atienda.
Es claro que la visión de quienes ostentan cargos públicos en Guanajuato, está lejana al SERVICIO PÚBLICO y más bien muestran que buscan servirse de lo público; asumen una postura de monarcas, en la que no aceptan ser cuestionados; sus decisiones son finales y no admiten que la ciudadanía opine en ningún caso.
Sin embargo, la gente empieza a despertar. Se indigna ya ante los atropellos y lo manifiestan; la actitud de los gobernantes genera frustración entre quienes se inconforman y eso es muy peligroso para su permanencia. La conciencia colectiva -mermada durante años- empieza a resurgir.
Es un buen momento para reconsiderar nuestras formas de gobierno que no responden a las necesidades sociales. Los ciudadanos estamos en indefensión, sin derecho a ser escuchados y tolerando abusos de autoridad y el mal uso de nuestros recursos. Es tiempo de que los guanajuatenses asumamos la responsabilidad de cambiar esta triste realidad.
