En los primeros días de enero de 1858, el gobernador de Guanajuato, Manuel Doblado, considerando que las pésimas circunstancias en que se encontraba la República federal eran graves y extraordinarias; que para sofocar y terminar la anarquía retrograda, se requería que los liberales obraran con todo el vigor y la energía posibles; además que, las autoridades legítimamente constituidas tenían el derecho de hacerse respetar, aún con la aplicación de la fuerza en todos los sentidos; que los recursos pecuniarios con que contaba el Gobierno del Estado de Guanajuato, eran insuficientes para hacer frente a las exigencias de guerra que se vivían, decretó un préstamo forzoso de 100 mil pesos, que se cubrían con las aportaciones de varias personas capitalistas de la capital y los Ayuntamientos de Guanajuato y La Luz, dando un término perentorio de seis días para la entrega y, en caso necesario y frente a la resistencia, usar de la fuerza pública.
Las personas seleccionadas para aportar forzosamente el dinero eran viejos ricos, aristócratas, dueños de minas o haciendas de beneficio, católicos fanáticos, criollos, guanajuatenses de origen en su gran mayoría retrógrados, antiliberales, que deseaban vivir bajo un régimen monárquico con lazos a las casas reinantes europeas, sobre todo a la de España, quienes, montados en cólera, aportaron la cantidad que se les señaló, pero difamaron por doquier al Gobierno y a sus integrantes, liberales, al grado que los ánimos en contra se multiplicaron.