Por: Prof. Fortino López R.
Texto publicado en 1972, con motivo del Centenario del fallecimiento de Juárez.
Consecuencias inmediatas del Plan de Ayutla, proclamado el día primero de marzo de 1854, fueron, la caída de Antonio López de Santa Anna, ya eternizado en el poder, y la instalación del Congreso Constituyente. Sus deliberaciones se prolongaron por espacio de un año; y fue promulgada la nueva constitución del día cinco de febrero de 1857, siendo Presidente de la República don Ignacio Comonfort.
El propio Código Supremo de la Nación fue jurado solemnemente en la Capital del Estado de Guanajuato, el día 24 de marzo del mismo año.
En fechas anteriores, en 1846 y 1855, había desempeñado el cargo de Gobernador Interino el señor General y Licenciado don Manuel Doblado. Pero el 14 de julio de 1857 fue electo constitucionalmente, tomó posesión el 31, y el mismo día, con formalidades del caso, fueron instalados los tres Poderes.
Con ambición inaudita, Félix Zuloaga, proclamó el día 17 de diciembre del año mencionado el Plan de Tacubaya, cuyo texto fue el siguiente:
Desde esta fecha cesa de regir en la República la Constitución de 1857.
Acatando el voto unánime de los pueblos, don Ignacio Comonfort sigue en la Presidencia de la República.
A los tres años de adoptado el Plan, el ejecutivo convocará a un Congreso extraordinario, para formar una nueva Constitución.
Ante acontecimiento tan inesperado, conocido históricamente como “El Golpe de Estado”, renunciaron a sus puestos muchos empleados y funcionarios; a otros se les destituyó con ignominia. Y para fortalecer aquel movimiento infidente, fueron encarcelados, don Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte; don Isidoro Olvera, Presidente de la Cámara, y con ellos los Diputados Garza, Melo y Banuet.
El Congreso de Guanajuato expide, el día 21 de diciembre, el siguiente Decreto:
Considerando: que en la Capital de la República se ha desconocido la Constitución de 1857;
Considerando también: que la inmensa mayoría de la Nación tiene libremente adoptada dicha Constitución, bajo el concepto de que ella sería legalmente reformada;
Considerando igualmente: que las autoridades del Estado han jurado guardarla y hacerla guardar;
Considerando por último: que sería una ignominia para el mismo estado faltar al juramento que prestó espontáneamente y desconocer un Código que aceptó sin fuerza de ninguna clase, ha tenido a bien decretar:
Art 1°. El Estado de Guanajuato reasume su soberanía y desconoce a las autoridades que han secundado el plan proclamado en Tacubaya el día 17 del corriente, y a las que emanen del mismo.
Art 2°. El propio Estado protesta reconocer a los Supremos Poderes de la Unión, tan luego como se restablezca el orden constitucional.
Art 3°. Se faculta ampliamente al ciudadano Manuel Doblado, Jefe Supremo del Estado, para que dicte cuantas medidas estime oportunas a fin de hacer frente a la revolución.
Y el día 25 del mismo mes de diciembre, lanzan las autoridades respectivas, Congreso y Gobernador, un interesante manifiesto, cuyas ideas fundamentales son: No obedecer al gobierno rebelde creado por el pronunciamiento de la brigada de Zuloaga; invitar a los demás una alianza, con el fin de restablecer el orden constitucional; invitar a los sueños diputados que forman el Soberano Congreso Nacional, reunido en la ciudad de Guanajuato, para que reanuden sus funciones interrumpidas por la sedición del ejército.
Se formó, en efecto, una coalición, en la cual figuraron los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Zuloaga, contrariando su propio plan, asumió la Presidencia de la República y desconoció la autoridad de don Ignacio Comonfort. Ante tal afrenta, el señor Presidente Comonfort intenta restituir las cosas al estado que guardaban antes de la promulgación del Plan de Tacubaya. Se libran combates por diez días consecutivos dentro de la ciudad de México, entre las fuerzas de ambos mandos; pero Comonfort es derrotado, y sale del país. Pero antes, pones en libertad al Licenciado don Benito Juárez, y le hace entrega de la Presidencia Constitucional de la República, que legalmente le correspondía recibir por ser el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El señor Presidente Juárez, investido ya de su alto cargo, comprende que en la Capital de la República carece de las garantías más elementales; valora el peligro inminente de caer en poder de sus implacables enemigos: Méndez, Osollo, Zuloaga, Miramón; y tomando una extrema decisión abandona la Ciudad de México sin que, de momento, ni sus más íntimos supieran qué rumbo había tomado.
