El 12 de enero de 1861, por inmiscuirse en los asuntos políticos de México, el presidente Juárez ordena la expulsión del país de monseñor Luis Clementi, arzobispo in partibus de Damasco y nuncio del Papa en México, de Joaquín Francisco Pacheco, ministro de España, de Felipe Neri del Barrio, ministro de Guatemala, Francisco de P. Pastor, ministro de Ecuador.
También se desconocieron, por ilegales, los acuerdos y compromisos contraídos por los gobiernos de los generales Félix Zuloaga y Miguel Miramón quienes como presidentes del gobierno conservador, adquirieron deudas en contra de México. Los convenios más perjudiciales fueron el tratado Mon-Almonte y el préstamo contratado con el banquero suizo Jean Baptiste Jecker, quien a cambio de menos de un millón de pesos recibiría quince millones con un interés anual del 6%.
La determinación de Juárez, aunque apoyada en justas razones, dio pie a los enemigos extranjeros de México para justificar, junto con la moratoria de la deuda extranjera, la agresión que verificaron en 1862, bajo la Convención de Londres, lo que dio inició con la intervención francesa y el Segundo imperio.