El 12 de julio de 1859, en Veracruz, el presidente de la República, don Benito Juárez, promulga la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Con esta Ley, todas las propiedades de la Iglesia pasan al dominio de la Nación.
Además, establecía la separación de la Iglesia y el Estado; la libre contratación de los servicios que prestaban los sacerdotes a los fieles; la supresión de las comunidades religiosas de varones y toda clase de cofradías y congregaciones; la prohibición de establecer nuevos conventos y el traslado de los libros y obras de arte de los monasterios suprimidos a las bibliotecas y museos nacionales.
Esta ley tuvo un gran significado histórico pues acabó las bases del poder económico de la Iglesia y contribuyó a la consolidación del Estado laico mexicano.
